La semana pasada, México—y sobre todo, la oposición —aprendió una lección importante. Tras meses de presagios, augurando el final de la república si se aprobaba la reforma al poder judicial; aún tras anticipación de un cataclismo político sin precedentes—mismo que aparecía, una y otra vez, en redes sociales—; aún con todo esto, tras haberse votado la reforma, los mexicanos fueron a dormirse y, al día siguiente, salió el sol.
Y salió el día después y el que le siguió.
Así hasta pasar una semana sin que México colapsara por completo. He ahí la lección—que creo todos debemos tener en mente—: los eventos políticos no son, nunca, como lo plantea el pánico en medio o los vaticinios de un par de tuiteros. Aunque nuestra capital es tierra de temblores, repentinos y abruptos, la política se asemeja mucho más a los huracanes de mi natal Quintana Roo. Un anticipo nefasto, seguido del fenómeno mismo. A veces, sorprendente en su destrucción—y los meses que tardan en reconstruirse sus daños—; otras, inauditos por la promesa de una categoría tres que se manifiesta sólo como un par de lluvias torrenciales sin mayor muerto que un par de árboles volcados en el malecón.
Eso es lo que he tenido en mente desde el primero de septiembre cuando se aprobó la reforma. Es lo que ha guiado decenas de conversaciones con amigos queridos y mentores admirados; todos haciéndome la misma pregunta—unos, con la propiedad de la academia, otros con la frescura del albur—; todos insinuando el mismo uso de grosería: ¿y oye, sí nos va a llevar la chingada?
Aunque no soy meteorólogo, este es mi diagnóstico: nos falta calibrar, mejor, el sistema de meteorología política mexicana y pensar en las consecuencias reales de los eventos.}
No nos enfrentamos a una categoría cinco desalmada, como ha gritado la oposición, pero tampoco es un chispeteo gentil, bueno para la cosecha, como propone el gobierno en turno. Es una tormenta tropical, que puede pasar desapercibida pero también puede causar daños en sus andares—sin llevarse ninguna casa de paso—.
¿Qué quiere decir esto? Que, a mi parecer, es una reforma de consecuencia, pero que no destrozará a la nación ni nos llevará a la utopía; muy probablemente, estemos en un punto similar.
(Para los que no tengan contexto, abro este paréntesis sobre lo que es la reforma al poder judicial—aunque, si quieren mayor información, recomiendo este desglose que salió hace ya varios meses en Nexos—. La reforma, en sí, busca tres cosas: (1) cambiar la manera en que se eligen a los jueces para que todos entren a funciones tras recibir apoyo en una elección popular; (2) reemplazar, de golpe, a todos los funcionarios encargados de impartir justicia en una elección extraordinaria el año entrante; y (3) reemplazar al consejo de la judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial—hasta ahí el paréntesis; ahora sí al análisis).
Cuando pienso en el impacto que podría tener una reforma de este calibre, me enfoco en dos extremos opuestos: el daño máximo que podría causar y el beneficio que nos podría traer. Una reforma con un beneficio enorme pero un riesgo igual de grande, tiene muchas probabilidades de por medio; una con mucho beneficio y pocas represalias, promete algo bueno, etc. (Y aquí otro paréntesis; hay demasiados puntos de esta reforma dignos de discutirse. Me es difícil cubrirlos todos en un solo ensayo así que, espero, puedan entender si me limito a los que, genuinamente, considero son los puntos esenciales).
Iniciemos, entonces, con los daños—que bien los traemos en boca por morbo—. Veo, en general, dos bandos grandes donde la reforma puede tener un impacto. Por un lado, la estructura democrática de nuestra nación—la división de poderes entre ella—; por otro, el funcionamiento mismo del judicial.
De lo primero, el argumento democrático, hay que temer la posible injerencia de ejecutivos—tanto federales como estatales y locales—en la elección de jueces. Basta con ver la participación activa de los titulares del ejecutivo en esta elección (en todos los bandos) y preguntarnos, ¿realmente se aguantarán de perfilar a jueces afines? Ahí el miedo a que la división de poderes se desvanezca—más aún en un periodo donde un ejecutivo plagado de popularidad puede mover la intención al voto a su favor—.
Sin embargo—y aquí algo que no he visto discutirse en las columnas de opinión—, me parece exagerado el temor que los resultados favorecen al gobierno en turno como he visto en discusiones hasta el cansancio. Eso por un simple motivo: con reforma o no, era solo cuestión de tiempo para que el poder judicial tuviera mayorías ad hoc al gobierno en turno y su proyecto de nación.
Aquí toca dejar de lado el romanticismo. Por más que quiero pensar que los ministros llegan a sus puestos por capacidad y no por voluntad política, es difícil creerlo en el México en que vivimos—o en cualquier sistema, en verdad—. Si bien la Suprema Corte ha sido el resguardo de intelectuales jurídicos, siguen llegando por nominaciones presidenciales y acuerdos del legislativo—y no hablemos del cabildeo para nombrar jueces de distrito, imposible de probar, pero latente en la conciencia de todo tema político—. Un sistema que solo puede darnos la imparcialidad si ambos poderes difieren.
Necesitamos crear un modelo donde el poder judicial sea, verdaderamente, un órgano separado de los demás; uno cuya única función sea juzgar con imparcialidad. Esta reforma no busca eso—pero tampoco, hay que decirlo, es ese el sistema que tenemos—
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Así que los jueces llegan de la mano de nominaciones judiciales; sin embargo, están en sus puestos por más años que las personas que los nombraron, asegurando que un par de ideas de administraciones pasadas sobrevivirán en las venideras.
El problema está justo en esos cambios. Aún antes de la reforma, el poder judicial debía renovarse periódicamente en un proceso donde participaba el ejecutivo y el legislativo. Aún los 15 años de los ministros de la Suprema Corte expiran; Morena se perfila a iniciar su segundo sexenio, 12 años consecutivos de mando. Si en 12 años no se renovaban, en su mayoría, las cortes, sí que habría algo malo en el sistema. Y ahí el detalle. En los próximos meses, la presidenta Sheinbaum habría podido nombrar a otro ministro al máximo tribunal—asegurando una bancada, junto a los tres ministros obradoristas actualmente en la corte, que le daría la razón y pararía nociones de inconstitucionalidad—. Si el miedo era que los tres poderes se alinearan y no hubieran contra pesos, toca admitir, eso no lo cambia la reforma—ahí un riesgo bajo de empeorar—.
El peligro, a mi parecer, es el cambio de golpe a todos los jueces que bien podría crear una mayoría a Morena de inmediato; misma que tardaría hasta la siguiente elección para disputarse en lugar de renovarse periódicamente a ciertos ministros escalonados. Creamos un poder judicial que, bien podría estar alineado de un lado u otro sin renovarse paulatinamente ni dejar vestigios de administraciones pasadas. (Bien sería para la oposición ponerse las pilas para la elección en lugar de lamerse las heridas de una derrota anticipada, pero eso es otro tema).
Es decir, esto va a crear un judicial que, probablemente, sea afín al gobierno en turno—pero ese judicial también habría llegado a su debido tiempo—.
Ahora, el argumento más interesante a mi parecer es el del daño que podría hacerse al modelo judicial mexicano. Y es aquí donde verdaderamente me sorprendió, muy sinceramente, la falta de discusión profunda sobre el tema.
Es verdaderamente indiscutible que nuestro sistema judicial no funciona. Impunidad Cero—en el dato más espeluznante que he leído—estima que en nuestro país, solamente el 1% de todos los crímenes llegan a una resolución del poder judicial. No solo eso; El Universal recientemente detalló que en nuestro poder judicial es verdaderamente inutil cuando se trata de castigar a jueces. En los últimos 24 años, ¿saben cuántos procesos penales se han presentado contra jueces corruptos en nuestro país? Fueron 23 ¿Cuántos ganó el Consejo de la Judicatura? Ni uno. No hay un solo juez de los más de 1,500 activos en todo momento de los últimos 24 años que acabara en prisión. Es más, de las 664 instancias donde el Consejo de la Judicatura tomó cartas en el asunto, solo 22 jueces y 8 magistrados fueron destituidos por procesos internos.
Hay algo que no cuadra de ello. Que no cuadra de escuchar que en nuestro sistema 1% de los crímenes llegan a resolución pero los jueces no son castigados en casos de abuso (sin contar las historias, tristemente comunes de corrupción en nuestro sistema judicial donde una mordida llega lejos).
Todo para decir que nuestro sistema actual es verdaderamente malo. Tanto que, el daño que se podría hacer no parece garrafal. Pasar de 1% a 0.5% de casos con resolución sería empeorar, pero no es el cataclismo del que se habla. ¿Nos va a llevar a la chingada esta reforma en materia judicial? A veces temo que ya estamos en la chingada…
Entonces, ¿esta reforma nos va a sacar de la chingada?
Tampoco dije eso. Si bien existe un nuevo mecanismo que reemplazará al Consejo de la Judicatura, no es del todo claro que vaya a hacer cosa alguna para cambiar nuestras ineficiencias o que fuera realmente incorruptible. El nuevo Tribunal Disciplinario también será electo de manera popular, lo cuál abre una gran caja de pandora: ¿puede, realmente, un proceso popular llevar a jueces imparciales que juzguen a sus pares? Más aún si la elección se vuelve competitiva y divide al país en bandos—como parece ser ahora la norma—. ¿Qué ministro, tras probar los fuegos electorales, va a olvidar las heridas de la campaña? Esa es la cuestión.
Lo ideal sería que hubiera un sistema verdaderamente imparcial, con fiscales que vayan ascendiendo por mérito y no por apoyo político—un sistema verdaderamente autónomo cuyo único trabajo, como la prensa, sea encontrar la verdad—. Pero eso no lo da esta reforma ni tampoco lo teníamos anteriormente—de nuevo, 23 juicios penales contra jueces; ni una sola victoria—.
¿Esta reforma hará que la justicia sea más eficiente? No veo motivo alguno para ello. En lugar de enfocarse en las estructuras actuales de justicia y cómo evitar abusos, apostamos porque elegir a magistrados por elección es suficiente para que no sean corruptos—difícil de creer cuando tantos legisladores, gobernadores y presidentes municipales tienen casos de corrupción en su contra—.
Entonces, ¿nos va a llevar la chingada?
No lo creo, pero tampoco saldremos de ella. En el mejor de los casos, este sistema nos ayuda a ser tantito menos corruptos, en el peor, abre una cacería de brujas. En ninguno crea un poder judicial idílico, pero tampoco destroza un poder judicial perfecto—simplemente no lo teníamos—.
Sé que me enfrentaré, con este comentario, al desapruebo de muchos colegas por no ver esta reforma como el fin de los tiempos. Pero, mientras más lo pienso, menos lo veo.
Para miedos, las reformas a organismos autónomos que se vienen y los desastres legislativos en que vivimos. Pero, para eso, tocará otra columna.
El huracán del momento está pegando las costas. En unos años veremos sus daños verdaderos. Viendo ahora los datos del viento, parece indicar que es una tormenta tropical con un par de sorpresas por revelar; solo falta ver si para bien o para mal…